Los dos policías acusados de haber acabado con la vida de Sergio Ismael Lucena el 11 de noviembre de 2011, recuperarán la libertad los primeros días del 2015, luego de que el presidente de la sala II de la Cámara Penal, Eduardo Romero Lascano, informara que había dado lugar el pedido de cese de la prisión preventiva que habían realizado los abogados defensores Roberto Blasco y Cergio Morfil, informaron fuentes tribunalicias.

Lucena tenía 25 años y sufrió una brutal golpiza cuando regresaba junto con Marcelo López de visitar a una amiga en el barrio El Gráfico, en Las Talitas. Caminaban hacia el barrio Experimental II, por la calle 12, cuando dos hombres salieron armados de entre los pastizales. De acuerdo con la acusación que realizó la fiscala de Instrucción de la I° Nominación, Marta Rivadeneira, Lucena y López creyeron que eran ladrones y corrieron, pero en realidad se trataba de los policías Mondino Becero y Arturo Monserrat.

En el requerimiento de elevación a juicio se menciona que los dos acusados no vestían uniforme policial, que persiguieron a las víctimas y que luego de alcanzarlos, los agredieron a piñas y culatazos.

Otros tres policías están acusados por encubrimiento ya que, según declaró López, en el destacamento del barrio El Gráfico II los obligaron a firmar una declaración afirmando que habían sido víctimas de un robo. Lucena luego se descompensó y fue trasladado al hospital Padilla, donde falleció al día siguiente.

Última audiencia

Ayer a la mañana se realizó la última audiencia antes del juicio oral, en la que se definieron las pruebas que serán producidas para el debate. Romero Lascano verbalizó que había decidido dar lugar al pedido de cese de la prisión preventiva, basándose en el hecho de que los policías llevan tres años detenidos sin que se haya realizado el debate. El Código Procesal Penal establece que el plazo máximo para la prisión preventiva es de dos años.

El camarista también mencionó la circular 32 que emitió hace dos semanas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, en la que advirtió a los jueces de instrucción que había un exceso en el otorgamiento de las prisiones preventivas.

La fiscala de Cámara Estela Giffoniello, que llevará adelante la acusación en el juicio, habría aclarado que la circular de Gandur es de carácter orientativa, según contaron fuentes tribunalicias.

“Hemos solicitado que los acusados no puedan acercarse a los testigos, a las víctimas ni a sus familiares. Y también pedimos que cuando comience el debate, sean detenidos los cinco policías para asegurar el normal desenvolvimiento del juicio”, aseguró la abogada Julia Albarracín, representante de la familia de Lucena.

Finalmente, se estableció que el juicio oral se realizará durante la última semana de abril del año que viene. El tribunal se completará con los camaristas Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli, ya que la sala II tiene vacantes dos vocalías, por la jubilación de Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina.